Ciudad, Victoria, Tamaulipas.- En el arranque del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, el magistrado presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas Juan José Ramos Charre hizo un llamado a los partidos políticos a cumplir con la ley y demostrar su compromiso con la democracia.
“El llamado por supuesto a todos los partidos políticos no es otro que el sujetarnos todas y todos al estricto cumplimiento de las normas”, refirió.
De cara a la mayor elección del estado donde se renovarán todas las alcaldías y las 36 diputaciones locales, Ramos Charre destacó que el Ietam se encuentra listo para llevar a cabo unas elecciones limpias e imparciales.
“Llegamos a una cita con la historia democrática de nuestro estado, tendremos la oportunidad de reivindicar una vez más nuestra vocación democrática “.
La legalidad, señaló, es un principio que rige el quehacer del Instituto Electoral de Tamaulipas.
“Y los partidos políticos tienen que demostrar un sólido compromiso con la democracia, no se vale que en lo público se diga que se cumpla la ley y esto no vaya acompañado de prácticas que denoten justamente eso, que se cumple la ley, el llamado es ese, a sujetarnos todos a la ley“.
Una democracia sin principio de legalidad, recalcó, no puede llamarse democracia.
En ese sentido, señaló que las reglas del juego democrático se han emitido con el tiempo prudente para que partidos y actores políticos den cumplimiento debido.
Cuestionado sobre las expectativas que en materia de seguridad se tienen para este proceso electoral, mencionó que no hay elección sencilla ya que todas las elecciones tienen su particularidad.
“Todas las elecciones son igualmente complejas en el terreno operativo, y las actividades que deben de llevar las autoridades electorales, pero por fortuna en los últimos 28 años hemos entregado buenas cuentas a las y los tamaulipecos, garantizando la renovación periódica y pacífica del poder público“.
Sin embargo, adelantó que en materia de seguridad se habrán de implementar los protocolos necesarios “tanto para garantizar la operatividad de las autoridades electorales como para proteger la seguridad de las candidaturas”.